En materia de política de seguridad ciudadana, tanto la literatura especializada como la experiencia internacional, señalan que el abordaje de la delincuencia necesita de un enfoque territorial, donde los gobiernos locales y la participación de la ciudadanía deberían cumplir un rol fundamental en este proceso. En función de este enfoque la descentralización emerge, por un lado, como proceso político que busca relevar a los actores locales, mientras por otro, como un instrumento de gestión que facilitaría la implementación de estas iniciativas. Sin embargo, para la implementación no existe un único modelo que defina cuáles son los actores locales en quienes se debe delegar esa responsabilidad. De ahí la relevancia del estudio y análisis de las experiencias concretas. El presente estudio de caso investigó la forma de articulación y gestión en el territorio la de Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) implementada por el Ministerio del Interior de Chile, específicamente, los Planes Comunales y Regionales de Seguridad. Al analizar el caso de Chile, esta investigación constató el tránsito de un modelo basado en el protagonismo de las organizaciones sociales bajo una modalidad de fondos concursables (Programa “Comuna Segura”) a un rediseño centrado en el Municipio como principal institución responsable de la gestión e implementación (Programa “Plan Comunal de Seguridad Pública”). De manera general, de este estudio se concluye que las iniciativas de prevención del delito necesitan de un enfoque territorial y que es el Municipio la institución más adecuada para asumir esta tarea. Sin embargo, se constata también que estas iniciativas se deben enmarcar dentro de un diseño institucional que contemple una coordinación territorial adecuada con los ámbitos regionales y nacionales. En la misma línea, esta investigación concluyó que el rediseño del “Comuna Segura” mediante la supresión de los fondos concursables y la profesionalización de los equipos ejecutores, además de la generación de orientaciones técnicas a los proyectos, fue una decisión acertada. Por otro lado, al analizar el diseño actual se detectaron un conjunto de limitantes que impiden alcanzar un mayor éxito. En este sentido, el presente documento busca ser un aporte al mejoramiento de la política actual, tanto por la detección de entrabes como por la propuesta de soluciones. En materia de desafíos se constata que las dimensiones problemáticas se refieren, en primer lugar, a la falta de definición de la estrategia del Programa, específicamente, la ausencia de consenso respecto a sus objetivos. En un segundo lugar se refieren a la insuficiencia en la definición institucional, que se manifiesta en la dificultad para formalizar las relaciones entre los principales actores de esta política, las cuales actualmente se sustentan en la discrecionalidad. Finalmente, existirían dificultades en la gestión de la ENSP para alcanzar una distribución más eficiente de los recursos a través de una oferta pública con mayor alcance territorial en cuanto a la demanda. Respecto a las propuestas de mejoramiento de la gestión de los Planes de Seguridad, ellas se relacionan con la búsqueda de alternativas financieras plurianuales para implementar proyectos de prevención y, la necesidad, tanto de una gestión basada en la coordinación territorial, como de evaluaciones de resultados e impactos de estos proyectos